En la columna de esta semana, me gustaría plantear dos cuestiones sugeridas por el excelente libro de David Beito The New Deal’s War on the Bill of Rights, que reseñé la semana pasada. En primer lugar, ¿cómo es posible que Franklin Roosevelt haya adquirido entre los historiadores de izquierda la reputación de paladín de la libertad, considerando una aberración su internamiento de japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial, frente a las múltiples violaciones de las libertades civiles que se produjeron durante su gobierno? En segundo lugar, dadas las tendencias autoritarias de Roosevelt, ¿por qué no consiguió imponer el régimen completo de censura que deseaba?
La respuesta a la primera pregunta es que Roosevelt prefirió en la mayoría de los casos trabajar entre bastidores, ayudando e instigando a otros a hacer su trabajo. Lo vemos en las actividades de Hugo Black y Sherman Minton, ambos senadores y más tarde jueces de la Corte Suprema, a quienes Roosevelt alentó y promovió asiduamente.
Black, que a partir de 1935 presidió el Subcomité Especial del Senado de EEUU para investigar las actividades de los grupos de presión, citó un gran número de telegramas de opositores al New Deal, poniendo sus actividades bajo vigilancia en un esfuerzo por intimidarlos. Como explica Beito,
El comité vigiló las comunicaciones privadas a una escala sin parangón en la historia de EEUU, al menos en tiempos de paz. Trabajando en tándem con la Comisión Federal de Comunicaciones y la administración Roosevelt, examinó literalmente millones de telegramas privados prácticamente sin supervisión ni restricciones. Los señalados para esta vigilancia fueron los críticos del New Deal, incluidos activistas, periodistas y abogados.
Al actuar así, Black estaba haciendo lo que Roosevelt quería.
El defensor más poderoso del comité fue el propio Roosevelt, aunque evitó cuidadosamente dar la cara en público. . . . Roosevelt respondió a [Raymond] Moley con «un largo discurso sobre cómo la invasión de la privacidad por parte de Black tenía amplios precedentes». Moley dedujo que para Roosevelt «el fin justificaba los medios». La conversación dejó a Moley «con la desgarradora insinuación de que Roosevelt no esperaba otra cosa que la oposición de sus ‘enemigos’ —los periódicos, los banqueros, los hombres de negocios— para reelegirle». . . . El Comité Negro fue, ante todo, una criatura del deseo de Roosevelt de establecer un comité del Congreso para desacreditar a sus oponentes. Después de que el presidente tomara esa decisión, buscó a Black, un leal soldado político de a pie, para que se hiciera cargo.
Roosevelt nombró a Black para una vacante en la Corte Suprema en 1936, sabiendo que podía contar con ese incondicional New Dealer para defender todos sus programas inconstitucionales. Cuando al año siguiente se hizo público que Black había, en palabras de Charles Tansill, «ocultado su rostro bajo la túnica encapuchada de un miembro del KKK», hubo un clamor para que Black dimitiera, pero Roosevelt no se unió a él, a pesar de que Black admitió haber sido miembro del KKK. Muchos años después, Black se ganó irónicamente la reputación de absolutista de la «libertad de expresión», aunque seguía defendiendo su voto en el caso Korematsu v. los Estados Unidos, que confirmaba la orden de Roosevelt de internar a los americanos de origen japonés en campos de concentración. Según Beito, «Black... no se arrepentía. En 1971, afirmó que »la gente temía con razón a los japoneses en Los Ángeles. . . . Todos se parecen a una persona que no es japonesa. Si [Japón] hubiera atacado nuestras costas, habrías tenido a un gran número luchando con las tropas japonesas’».
Tras su victoria en las elecciones de 1936, Roosevelt estaba decidido a destruir a quienes habían presionado contra su plan de llenar la Corte Suprema y contra otras medidas del New Deal. Probablemente, el grupo más importante fue el Comité Nacional para Mantener el Gobierno Constitucional (NCUCG). Gran parte de la administración diaria de este comité corrió a cargo de Edward Rumely, que demostró ser capaz y eficiente en su trabajo. La principal táctica de Minton para inhabilitar al grupo fue citar los registros fiscales de sus principales pagadores de impuestos, con la esperanza de que hacer públicos sus nombres les hiciera reacios a dar más dinero. Cuando Rumely y otros desafiaron esta flagrante invasión de la privacidad, Minton respondió haciendo públicos algunos de los registros fiscales de la organización. Roosevelt respaldó plenamente a Minton y pidió a J. Edgar Hoover que llevara a cabo una investigación del FBI sobre Rumely. Beito describe esta triste cadena de acontecimientos:
Los New Dealers parecían haber encontrado un campeón ideal en Sherman Minton. En palabras de un biógrafo, su lealtad al presidente y a su programa, «poco común incluso entre sus correligionarios», incluía una «fuerte vena de populismo y la creencia de que el gobierno debe ser poderoso». . . . En diciembre de 1937, Roosevelt reafirmó su confianza en el Comité Minton invitando a los tres miembros demócratas a un «consejo de guerra» de ocho hombres para trazar la estrategia para 1938. . . Minton articuló el consenso del grupo recomendando una postura de lucha. «La oposición no se conforma con una actitud conciliadora», declaró. «Lo único que entienden es una patada rápida donde duele». Instó a una «mano dura» contra los impuestos de los ricos. . . . Roosevelt se mostró más que receptivo: «Acabamos de empezar a luchar».
Está claro que Roosevelt quería la supresión total de sus críticos, y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta: ¿Por qué no consiguió su objetivo? Consiguió algunas victorias: por ejemplo, el NCUCG sufrió una importante pérdida de financiación debido a los esfuerzos de Minton. Pero Roosevelt no consiguió imponer el control totalitario. Una razón para ello, y es una razón que es instructiva para nuestros propios tiempos problemáticos, es que sus esfuerzos de supresión se encontraron con una oposición decidida, y no sólo de aquellos a los que se dirigía directamente. Muchos de aquellos con credenciales impecablemente pro-Roosevelt, así como libertarios como Albert Jay Nock y H.L. Mencken, que no podían ser descartados como grupos de presión de los grandes negocios, declararon su apoyo a las libertades civiles, y la presión pública obligó a Roosevelt y a su entorno senatorial a dar marcha atrás.
El siempre persistente Norman Thomas [un frecuente candidato a la presidencia por el Partido Socialista] acusó a Roosevelt de representar «el partido de Frank Hague [un corrupto y tiránico jefe político de Nueva Jersey]», mientras que Albert Jay Nock, individualista y libertario civil, achacó lo que consideraba el desdén de Roosevelt por la Constitución a las políticas de centralización del New Deal. Roosevelt, según Nock, «aconseja a los congresistas que no se fijen demasiado en la constitucionalidad de una medida que le interesa. . . . Con un Roosevelt que manipule o desprecie la ley a su antojo, se crea inmediatamente una tribu de Murphys, Hagues, Ickeses, Wallaces, Blacks, Mintons, que pueden manipular o despreciar la ley a su antojo» (énfasis de Nock).
Frente a los actuales planes del gobierno para privarnos de nuestras libertades, como el «control de armas» y la restricción de la «incitación al odio», es imperativo que contraataquemos.
