La tendencia a castigar a la gente en Jamaica por ser irrespetuosa empieza a ser preocupante. Los ciudadanos apoyan que se penalice a los personajes groseros sin reconocer que las sanciones atentan contra la libertad de expresión. Durante el vértice de la histeria de los encierros, un hombre fue obligado por la policía a disculparse tras atreverse a criticar al primer ministro. Este acto de extralimitación de la policía fue aplaudido, como era de esperar, por un amplio sector de la sociedad. Aunque este acto fue condenado por el principal periódico de Jamaica como un flagrante abuso de poder, faltó un consenso firme sobre el comportamiento inapropiado de las autoridades. En Jamaica sigue estando muy extendida la creencia de que las personas que hablan claro deben ser humilladas por la clase política.
Esto es bastante paradójico, porque como sociedad poscolonial, los jamaicanos son críticos con el imperialismo occidental y, sin embargo, perpetúan los restos clasistas de la sociedad colonial. En Jamaica se trata con deferencia a las figuras de autoridad, por lo que incluso las críticas comedidas a esas personalidades provocan la indignación del público. Utilizar un lenguaje despectivo para describir a otras personas es despreciable, pero no es razón suficiente para penalizar al autor. Castigar a los contrarios cultiva una atmósfera propicia para la degradación de la libertad de expresión por parte de figuras políticas que utilizan el conservadurismo de la sociedad como pretexto para ejercer el poder.
El asalto a la libertad de expresión en Jamaica no cesa debido a la percepción de que la censura pone freno a los vicios de la sociedad. Las violaciones de la libertad de expresión en Jamaica son tan generalizadas que afectan incluso a la gestión de empresas privadas. En 2022, la Comisión de Radiodifusión de Jamaica prohibió la música radiofónica que ensalzaba comportamientos antisociales sin consultar a la Asociación de Medios de Comunicación de Jamaica. A pesar de expresar su preocupación por que la prohibición pudiera lesionar la libertad de expresión, la Comisión de Radiodifusión de Jamaica no se retractó de su decisión, sino que la justificó basándose en la protección de la decencia y las normas.
Al reflexionar sobre esta decisión un año después, la Comisión de Radiodifusión de Jamaica anunció con satisfacción que las empresas de medios de comunicación habían accedido a sus exigencias. La corrupción y los comportamientos groseros impregnan sin cesar la sociedad jamaicana, por lo que no hay pruebas de que la censura haya hecho más elegante a esta sociedad. Sin embargo, el hecho de que la censura no consiga efectuar cambios no importa, porque el Estado y los ciudadanos han dotado a la Comisión de Radiodifusión de Jamaica de autoridad para vigilar las ondas. Por término medio, los jamaicanos están de acuerdo con las leyes contra la libertad de expresión que pretenden civilizar la sociedad.
Aparentemente, la gente no es consciente de los efectos que la censura puede tener sobre otros derechos. El vínculo entre censura y derechos de propiedad no es explícito, pero la primera sí socava los segundos. Las políticas de censura obligan incluso a los propietarios de negocios a retirar imágenes explícitas de los establecimientos comerciales. Las imágenes lascivas pueden molestar a los puritanos, pero dar instrucciones a los empresarios para que eliminen de sus establecimientos las imágenes que exigen los consumidores priva a los clientes de la posibilidad de elegir al obstaculizar los derechos de propiedad.
Las políticas de censura en Jamaica son tan arcaicas que se multa a los artistas por decir palabrotas cuando actúan en conciertos para adultos. En algunos conciertos, los juerguistas aprecian el uso creativo de improperios para entretener; por tanto, penalizar las blasfemias puede hacer que la experiencia sea menos agradable. De hecho, las blasfemias son poco elegantes, pero los adultos tienen derecho a disfrutar de ellas cuando no molestan a los demás. Además, es curioso que los jamaicanos quieran eliminar leyes que simbolizan la época colonial, pero no hay prisa por deshacerse de las políticas coloniales que realmente oprimen a la gente.
Las leyes contra la libertad de expresión son la versión jamaicana de la cultura de cancelación, y no hay indicios de que el problema esté remitiendo. La última víctima de la cultura de cancelación jamaicana es el abogado Isat Buchanan, suspendido durante dos años por el Consejo Jurídico General por hacer comentarios despectivos sobre el director de la fiscalía. Sus comentarios no eran difamatorios, pero según el presidente del Consejo, desprestigió la profesión. Buchanan es un abogado controvertido que cae mal a algunos, pero faltar al respeto a un colega no justifica una suspensión. Irónicamente, varios abogados acusados de mala conducta por sus clientes no fueron castigados o recibieron un castigo más leve. Así que, probablemente, Buchanan fue castigado por ofender a la clase dirigente.
Aunque los jamaicanos critican abiertamente el colonialismo, es evidente que las élites contemporáneas han sustituido a la clase dirigente colonial y, al igual que el jamaicano medio, no tienen ningún problema en utilizar la ley para oprimir a quienes contradicen a la autoridad. Por ello, debemos concluir que el movimiento para liberar a los jamaicanos de las reliquias del colonialismo es una farsa.
