El secretismo es un programa de prestaciones para pícaros. Gracias a la ridículamente llamada Ley de Responsabilidad del Congreso de 1995, las víctimas de supuestos acosos sexuales por parte de miembros del Congreso reciben indemnizaciones secretas financiadas por el contribuyente. Esto significa que los votantes raramente saben que sus dólares fiscales protegen los manoseos de sus representantes. Se han gastado más de 17 millones de dólares en indemnizaciones a empleados del Congreso que presentaron quejas sobre el entorno laboral.
Al mismo tiempo que un telón de acero de secretismo cubre buena parte del Washington oficial, los funcionarios federales multiplican sus intrusiones contra todos los demás. Mientras la NSA absorbe los datos privados de los estadounidenses, las instituciones federales tomaron más de 50 millones de veces la decisión de clasificar documentos en 2016. La Ley de Libertad de Información, uno de los baluartes infravalorados del autogobierno, se ha convertido en un espejismo en las décadas recientes.
Cuanta más información guarda el gobierno, más fácil le resulta manipular la opinión pública. Al revelar solo detalles que refuerzan las políticas de la administración, se impide que los ciudadanos evalúen las últimas apropiaciones de poder o intervenciones. Como advertía en 2002 un tribunal federal de apelaciones:
Cuando el gobierno empieza a cerrar puertas, controla selectivamente información que pertenece por derecho al pueblo. Información selectiva es desinformación.
Trump ganó la presidencia en 2016 en parte debido al disgusto y la desconfianza estadounidense hacia Washington. Al perpetuar la enorme mayoría del secretismo oficial y crear nuevos disfraces, Trump yerra en sus mejores oportunidades contra lo que llama el Estado Profundo. La luz del sol sería mucho más eficaz para secar el pantano que los resoplidos de Trump.
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