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Las leyes de control de armas han fracasado en Latinoamérica

No es un secreto que Latinoamérica está llena de violencia. En una clasificación reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP)  ilustra este punto con las diez ciudades más violentas del mundo estando ubicadas exclusivamente en Latinoamérica. Adicionalmente, Latinoamérica tiene la deshonra de tener 43 de los 50 centros urbanos más violentos localizados en la región.

Estos sorprendentes niveles de violencia pueden atribuirse a diversos factores: corrupción, políticas fracasadas de guerra contra las drogas y falta de estado de derecho en la región.

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Fuente.UN’s Global Study on Homicide. Los datos de 2012 son los más recientes disponibles. Argentina no dio estadísticas en 2011 y 2012, así que el año más reciente disponible para Argentina es 2010.

Pero hay un elefante en la habitación que se ignora en buena parte en las discusiones sobre el delito en Latinoamérica: las estrictas leyes de control de armas de fuego existentes en estos países.

Aunque los factores previamente mencionados no pueden sencillamente descartarse, la falta de cobertura sobre la política de control de armas de fuego latinoamericana es bastante alarmante.

Países como Brasil, Colombia, México y Venezuela muestran algunas de las políticas más draconianas de control de armas de fuego en la región. Con tasas de delincuencia en niveles ya altos, del control de armas simplemente empeora las cosas para los ciudadanos cumplidores de la ley que temen a los delincuentes.

Resulta necesario un vistazo más detallado a las leyes de armas de fuego de los países para entender el grado de control que prevalece en dichos países.

Brasil

Brasil tiene algunas de las ciudades más violentas del planeta, con 19 de ellas en el Top 50 del CCSPJP. Los niveles notablemente altos de delincuencia han impulsado la clase política brasileña a probar todo tipo de intentos de mano dura para acabar con el crimen. En la década de 1990, Brasil ha aprobado más de una docena de leyes y regulaciones de control de armas de fuego.

Para poseer un arma de fuego, los brasileños tienen que tener 25 años, tener una licencia de armas, pagar tasas de registro y seguir una extensa verificación de antecedentes. Antes de 2004, solo el 3,5% de la población brasileña poseía legalmente armas de fuego, gracias al oneroso sistema de registro del país. A pesar del status quo del control de armas de fuego de Brasil, las tasas de delincuencia han continuado aumentando sin parar.

Colombia

Colombia está acostumbrada a la violencia. Los enfrentamientos violentos con las brutales fuerzas de la guerrilla de las FARC y los cárteles de las drogas han sido la norma en Colombia a lo largo de las últimas décadas. Aunque las medidas de seguridad del expresidente colombiano Álvaro Uribe desempeñaron un papel importante en acabar con el crimen organizado y la guerra de guerrillas la primera década del siglo XXI, Colombia sigue estando entre los países más violentos de la región. Colombia muestra cuatro ciudades en el Top 50 del CCSPJP de ciudades más violentas.

Aunque la constitución colombiana de 1991 permite a los civiles poseer y portar armas de fuego, siguen teniendo que pasar una considerable cantidad de papeleo para ejercitar su derecho a la autodefensa.

Los civiles de 18 años o más tienen limitada la compra y posesión a pistolas y escopetas de pequeño calibre con una licencia. Sin embargo, las pistolas de mayor calibre y las armas semiautomáticas están prohibidas y solo pueden poseerse bajo “circunstancias excepcionales”. Adicionalmente, todas las armas de fuego deben estar registradas en el ejército, que tiene un monopolio sobre la venta de armas y emite todos los permisos de armas.

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Fuente.Datos de Brasil solo disponibles desde 2007.

Un estudio de 2014 revelaba que hay más de 500.000 armas legales de fuego en manos de más de 400.000 propietarios, constituyendo la seguridad privada más de la mitad de las propiedades. Esto no resulta ninguna sorpresa cuando se tienen en cuenta las regulaciones antes mencionadas.

México

No hace falta ir más allá de la frontera de México para entender el fracaso del control de las armas de fuego para acabar con el delito. Al igual que Brasil y Colombia, México tiene una de las políticas más estrictas de control de armas de fuego en la región.

Con sólo una tienda oficial de armas de fuego en el país, localizada en la capital de Ciudad de México, los ciudadanos cumplidores de la ley tienen muy pocas opciones para conseguir armas. Los potenciales compradores no solo deben presentar historiales y demostrar que su renta fue ganada legalmente, deben asimismo ser fotografiados y dejar sus huellas dactilares. Y solo una vez que han conseguido saltar con éxito por encima de estos inconvenientes pueden comprar un arma de fuego.

A pesar de toda la burocracia para adquirir un arma de fuego, México está inundado de armas en manos criminales.

Esto no ha servido bien al pueblo mexicano, ya que la gente está frecuentemente a merced de poderosos cárteles de la droga.

Venezuela

Aunque extremo, el caso venezolano puede ilustrar los efectos del control de las armas de fuego. Las políticas socialistas del último Hugo Chávez y Nicolás Maduro no solo han empobrecido a millones de venezolanos, sino que han destruido completamente el tejido social de su sociedad.

Como consecuencia, Venezuela tiene 10 de las ciudades más violentas de toda Latinoamérica de acuerdo con la clasificación del CCSPJP, con Caracas en lo más alto de la lista.

En respuesta a los altísimos niveles de delito, el gobierno de Venezuela empezó a prohibir la posesión privada de armas de fuego en 2012.Los estudios demuestran que mientras que las tasas de delincuencia venezolana ya eran altas antes de la prohibición, las medidas de control de armas de fuego del país no parecen hacer mella sobre el crimen.

Con la reciente llamada del gobierno venezolano a movilizar miembros de la milicia armada, tendría sentido que a los venezolanos se les permitiera portar armas de autodefensa, no solo para protegerse a sí mismos de los delincuentes comunes, sino de un gobierno que tiene un historial demostrado de comportamiento tiránico.

Una modesta propuesta

¿Qué puede hacerse a corto plazo para mejorar el altísimo grado de violencia en Latinoamérica?

Para empezar, correspondería a los políticos latinoamericanos considerar atajar estos problemas desde un ángulo de autodefensa. Un buen primer paso sería permitir a los ciudadanos cumplidores de la ley poseer y portar libremente armas de fuego para autodefensa.

Estas políticas serían útiles en una región en la que la integridad de las fuerzas del orden público y el ejército se ponen frecuentemente en duda. La dura realidad es que en muchos países latinoamericanos los límites entre las clases política y criminal son difusos en el mejor de los casos. Así que contar con las entidades públicas para prestar servicios de seguridad en este país es sencillamente misión imposible.

Los americanos del siglo XVIII entendían la importancia de la propiedad privada de armas de fuego como un baluarte contra una potencial tiranía. Pero la propiedad de armas de fuego también ha servido como un medio práctico de autodefensa para numerosos ciudadanos, especialmente cuando se considera la ineficacia de las agencias de policía a la hora de promocionar seguridad.

En General, Latinoamérica se beneficiaría de políticas que permitieran a los ciudadanos cumplidores de la ley ejercitar su derecho a la autodefensa. Aunque esto no puede ser una panacea para la enorme violencia de la región, al menos da a la ciudadanía una posibilidad de enfrentarse al crimen organizado y a los regímenes autoritarios.

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