Pensilvania no tiene salario mínimo estadual. Actualmente, la ley del país es el salario mínimo federal, que se sitúa en 7,25 dólares por hora. No tener un salario mínimo estadual puede ser inmensamente beneficioso suponiendo que el clima empresarial general sea propicio para el crecimiento. Pensilvania aún no puede presumir de ello, pero ha tomado medidas para conseguirlo. Sin embargo, las recientes acciones de la Cámara de Representantes del Estado, controlada por los Demócratas, amenazan este crecimiento potencial.
En el verano de 2022, el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, promulgó una ley para reducir el impuesto sobre la renta de las sociedades (CNIT). Escribí sobre esto con un optimismo cauteloso en ese momento, afirmando: «Pensilvania debería comprometerse firmemente a mantener las disminuciones programadas del CNIT y continuar bajando sus impuestos en general.» Un año después, la bajada de impuestos se mantuvo. Eric Montarti y Scott Cross, mi amigo y colega, escribieron que algunos dentro de la legislatura están proponiendo un calendario abreviado de disminución del CNIT, lo que (para mí) es muy prometedor.
Desgraciadamente, la Cámara de Representantes, controlada por los Demócratas, aprobó la H.B. 1500, un proyecto de ley que elevaría el salario mínimo a quince dólares por hora en 2026. Esto amenazaría con deshacer algunos de los efectos positivos de la tan necesaria bajada de impuestos aprobada el verano pasado. Está claro que Pensilvania no está preparada para convertirse en un entorno favorable a las compañías. Estos volátiles cambios políticos (tanto buenos como malos) contribuyen a la incertidumbre institucional, mermando las expectativas de los empresarios.
Se habla mucho de hacer Pensilvania más atractiva para las empresas, pero el Estado no parece dispuesto a seguir avanzando en la dirección de menos gobierno. No creo que el proyecto de ley del salario mínimo se apruebe en su forma actual, pero los dirigentes del Partido Republicano del estado están abiertos a un aumento más moderado. Los Republicanos estaduales no han estado precisamente comprometidos con las empresas. De hecho, fue el último gobernador Republicano de Filadelfia, junto con una legislatura roja, el que dio al estado uno de los impuestos sobre la gasolina más altos del país.
El senador del estado de Pensilvania y líder de la mayoría, Joe Pittman, afirma que «existe la posibilidad de encontrar un término medio para un aumento del salario mínimo, pero 15 dólares la hora no es razonable ni viable. . . . Cualquier posible acción que emprendamos debe ser sensible al impacto que los cambios tendrían en las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro.»
Es estupendo que el senador Pittman se preocupe por las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro, pero no estoy seguro de que entienda del todo el problema del salario mínimo. Creo que esto se debe a una mezcla de buenas intenciones y estrategia política. En primer lugar, he comprobado que los Republicanos no se oponen a un aumento moderado del salario mínimo. Esto les permite hacer concesiones sobre el salario mínimo para obtener beneficios políticos. Esencialmente, es una situación en la que todos ganan: dar a la gente un salario más alto y también lograr un objetivo político secundario. En segundo lugar, los Republicanos del Senado podrían aprovechar esta situación para conseguir que la Cámara apoye la legislación que los Republicanos quieren que se apruebe. En este caso, pueden reconocer que el salario mínimo es malo, pero tienen otras prioridades que se beneficiarían de hacer concesiones a los Demócratas.
Sin embargo, el aumento del salario mínimo no es una cuestión que pueda debatirse. Si se quiere que el Estado mejore, debe establecerse una tendencia definida hacia el principio de mercado. Sus acciones y compromisos empujan al Estado más cerca del socialismo y sólo en contadas ocasiones el tamaño del gobierno se retrae.
Sabemos que los salarios mínimos no son buenas políticas. Son poco éticos y económicamente ineficaces.
Violan la inviolabilidad de los acuerdos voluntarios entre empleador y empleado, obligando a los empresarios a subir los salarios en contra de su libre voluntad y mejor juicio. Como resultado, el desempleo, la disminución de la remuneración y el aumento de los costes de producción causan estragos.
En definitiva, sabemos a priori que los salarios mínimos o bien causan desempleo o bien son ineficaces. Como afirma Hans-Hermann Hoppe en La ciencia económica y el método austriaco, «Siempre que se apliquen leyes de salario mínimo que exijan que los salarios sean superiores a los existentes en el mercado, se producirá desempleo involuntario». Sabemos esto porque se deriva del punto de partida último de la economía —la acción humana—, una premisa que no puede negarse lógicamente. Esta idea debería ser razón suficiente para oponerse al salario mínimo.
No espero que el Senado de Pensilvania se convierta en austriaco. Eso requeriría un acto de intervención divina. En lugar de eso, espero que los republicanos decidan no apoyar este cambio político concreto a pesar de su actual apertura al respecto.
